Decreto 868/2026: RIGI, DDJJ y legajo verificable
El Decreto 868/2026 exige DDJJ y revisión de la Ley 26.659 en RIGI y energía. Cómo armar legajo, roles, plazos y prueba verificable antes de una aprobación.
¿Qué archivo prueba que un proveedor de energía cumple la Ley 26.659 antes de pedir RIGI? El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre de 2026, vuelve concreta esa pregunta: suma declaraciones juradas, intervención de autoridad y plazos para denunciar hechos vinculados con actividades no autorizadas en la Plataforma Continental Argentina.
Qué cambia cuando una DDJJ decide el trámite
El decreto designa al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Esa ley prohíbe desarrollar, participar, contratar o financiar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. También prevé inhabilitación de 5 a 20 años y reversión de concesiones. La cifra no es menor para un proveedor: un legajo incompleto puede trabar más que una observación técnica. Cinco días hábiles son poco margen. La norma ordena a organismos públicos informar hechos vinculados con presuntas infracciones dentro de cinco días hábiles administrativos. Si se inicia un procedimiento, la persona o empresa señalada tiene diez días hábiles administrativos para constituir domicilio especial, presentar descargo y ofrecer prueba. Para un contador en San Rafael que atiende clientes vitivinícolas, metalmecánicos o de servicios energéticos, el antagonista concreto es una carpeta de proveedor sin dueño, con contratos sueltos y sin fecha de revisión. El mismo decreto modifica la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, aprobado por la Ley 27.742 y reglamentado por el Decreto 749/2024. El representante de la VPU debe presentar una declaración jurada sobre cumplimiento de la Ley 26.659 por parte de la VPU y sus participantes directos o indirectos. Antes de aprobar la solicitud de adhesión al RIGI, la autoridad debe dar intervención a la autoridad de aplicación de esa ley.
Cómo funciona por dentro
El flujo mínimo separa siete pasos. Primero, administración registra proyecto, proveedor, CUIT, actividad, participación directa o indirecta y documentación recibida. Segundo, cumplimiento marca si la empresa participa en hidrocarburos, servicios marítimos, logística, financiamiento o contratación relacionada. Tercero, legales carga declaración jurada, contrato, poder y fecha de firma. Cuarto, un responsable revisa si existe antecedente o alerta oficial. Quinto, dirección aprueba o rechaza el avance. Sexto, el sistema calcula plazos de cinco y diez días cuando aparece una notificación. Séptimo, se guarda evidencia de cierre. PostgreSQL puede guardar actores, vínculos, declaraciones, vencimientos y estados. Un almacenamiento S3 conserva contratos, poderes y anexos. Keycloak o un esquema similar separa carga, revisión legal, aprobación y consulta. Un tablero muestra DDJJ pendientes, proyectos con autoridad consultada y expedientes con plazo abierto. Si el legajo cambia, debe quedar usuario, hora, campo modificado y motivo. La Disposición 337/2019 sobre registro de empresas petroleras ya pedía declaraciones juradas vinculadas con la Ley 26.659. La diferencia operativa de 2026 es que el dato entra en trámites de inversión y permisos con reloj más visible. La encuesta 2025 de Stack Overflow muestra que el 58,6% de los encuestados usó SQL; no prueba adopción local, pero sí explica por qué una base relacional sigue siendo una herramienta natural para trazabilidad.
Qué se instala o configura primero
En un proyecto UMSA, el primer entregable sería una matriz de riesgo por actor: empresa, controlante, participación, actividad, país, contrato, DDJJ, fecha de revisión, responsable y evidencia. Después se arma un circuito piloto con tres casos: proveedor limpio, proveedor con documentación incompleta y proveedor observado por antecedente. La prueba termina cuando el sistema genera alerta, bloquea aprobación y exporta legajo completo. La pila mínima puede usar PostgreSQL, almacenamiento S3, aplicación interna, control de roles, backup diario y tablero de vencimientos. Para una pyme proveedora o estudio profesional que quiere ordenar clientes, servidor, respaldo y monitoreo pueden ubicarse entre USD 45 y USD 90 mensuales, entre $68.850 y $137.700 al dólar oficial vendedor de $1530. La implementación inicial, con matriz, permisos, carga piloto, tablero y restauración probada, puede ir de USD 1.500 a USD 2.600, entre $2.295.000 y $3.978.000. Ese rango no incluye asesoramiento legal, firma digital avanzada ni investigación patrimonial.
Dónde se rompe y cómo probarlo
El primer riesgo es una DDJJ sin vínculo con el contrato. La señal aparece cuando el expediente tiene archivo firmado, pero nadie puede decir a qué proyecto o participante corresponde. La prueba carga dos actores parecidos, intenta adjuntar el documento equivocado y verifica que el sistema exija relación y responsable. El segundo riesgo es un plazo sin calendario. La señal aparece cuando una comunicación oficial entra por mail y se anota en una agenda personal. La prueba crea una notificación con fecha real, calcula cinco o diez días hábiles administrativos y envía aviso a cumplimiento y legales. El cierre debe guardar respuesta, usuario y fecha. El tercer riesgo es aprobar antes de consultar autoridad. La señal aparece cuando un proyecto queda en estado aprobado sin constancia de intervención. La prueba debe bloquear ese estado y mostrar qué campo falta. Si la consulta existe, el usuario de sólo lectura debe poder verla, pero no modificarla. El cierre operativo no promete resolver la interpretación legal. Controla algo más básico: qué documento existe, quién lo cargó, qué plazo corre, qué vínculo prueba y cuándo se restauró la copia. La diferencia entre carpeta compartida y legajo verificable aparece cuando llega una observación. En ese momento, el equipo no busca por nombre de archivo; exporta expediente, movimientos y evidencia.
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