IGJ 7/2026: Clave Fiscal, acuse y expediente digital
La IGJ crea un sistema online con Clave Fiscal nivel 3, acuse inmediato y expediente electrónico. Qué guardar, quién aprueba y cómo probar evidencia.
IGJ acaba de mover trámites societarios hacia un sistema online con Clave Fiscal nivel 3, acuse inmediato y expediente electrónico. La Resolución General 7/2026, publicada el 1 de julio de 2026, alcanza a entidades bajo fiscalización del organismo y reemplaza presentaciones físicas a medida que cada trámite entre en cronograma. Esta nota explica dónde guardar documentación, quién aprueba cada carga y cómo probar evidencia antes de usar el canal.
Qué cambia para entidades que presentaban papel
La operación afectada es concreta: cada documento se carga de manera individual, se asocia a una categoría y, al confirmar la presentación, el sistema genera un acuse de recibo. El expediente electrónico queda en el sistema de gestión documental del organismo, señalado por la norma como repositorio oficial único de la documentación presentada. El acuse manda. La cifra que corrige la rutina es el nivel 3 de Clave Fiscal. Para una secretaria administrativa de un colegio profesional con 1.800 matriculados en Cuyo, el objeto visible del cambio es un sello fechador guardado en el cajón: servía para ordenar papeles, pero no deja hash, usuario ni hora de carga. El antagonista ya no es una persona; es el expediente físico que viaja sin rastro técnico suficiente. La conexión técnica viene de la base que muchas organizaciones ya conocen. La encuesta Stack Overflow Survey 2025 ubica a PostgreSQL con 55,6 % de uso entre quienes respondieron sobre bases de datos. Esa cifra permite pensar el control local con una herramienta común: registra vencimientos, responsables, archivos y acuses antes de que el trámite salga.
Cómo funciona por dentro
El flujo mínimo tiene seis pasos. Primero, el área administrativa identifica entidad, tipo de trámite, presentante y vencimiento. Segundo, una base PostgreSQL guarda esos datos con estado, usuario, fecha y auditoría. Tercero, el responsable legal o contable revisa estatuto, acta, balance o formulario y aprueba la carga. Cuarto, un almacenamiento S3 compatible guarda los PDF con nombre, tamaño, hash y categoría. Quinto, el presentante entra al sistema de IGJ con Clave Fiscal nivel 3 y carga cada documento. Sexto, el acuse vuelve al registro local y queda unido al expediente interno. PostgreSQL guarda registros estructurados, usuarios, estados y auditoría. S3 o MinIO guarda archivos pesados en almacenamiento de objetos y conserva metadatos para detectar reemplazos. Un tablero en Metabase muestra trámites sin acuse, documentos aprobados sin carga y expedientes con vencimiento cercano. El permiso de lectura queda en administración y gerencia; el permiso de carga queda en el presentante autorizado; el permiso de borrado se limita a un responsable con doble revisión. La Ley 25.506 da el marco de firma electrónica y digital citado por la resolución. La Ley 22.315 explica la competencia de la IGJ sobre registro y fiscalización. Ese cruce obliga a guardar evidencia técnica, porque el archivo local debe poder explicar qué documento salió, quién lo validó y qué acuse volvió.
Qué se instala o configura primero
El primer entregable verificable es una bandeja de trámites con entidad, tipo, vencimiento, responsable, carpeta de PDF, estado de revisión, fecha de carga y acuse. Una pila chica puede correr en una VM de 2 vCPU y 4 GB, PostgreSQL 17, almacenamiento S3 compatible, backups diarios y un tablero de control. El costo mensual estimado va de USD 25 a USD 45, entre $ 37.500 y $ 67.500 al dólar oficial vendedor de $ 1.500; quedan fuera honorarios profesionales, aranceles y certificaciones. El tiempo razonable es una semana para ordenar tipos de trámite y otra para probar roles, carga y respaldo. UMSA puede aplicar este patrón cuando una entidad necesita unir administración, asesoría legal y sistemas: se eligen diez expedientes reales, se cargan archivos de muestra, se genera un acuse de prueba y se restaura todo en un entorno separado. El primer control diario debe listar documentos pendientes de aprobación, cargas sin acuse y acuses sin archivo local. Si esos grupos no aparecen en una misma vista, la entidad entra al sistema online con una parte del riesgo todavía en carpetas.
Dónde se rompe y cómo probarlo
El primer riesgo es el PDF mal asociado. La señal aparece cuando el nombre del archivo menciona una entidad y el registro local apunta a otra. La prueba toma cinco expedientes, abre cada documento y compara entidad, categoría, hash y usuario de aprobación. El segundo riesgo es el permiso amplio. La señal es un usuario administrativo que puede aprobar y borrar el mismo documento. La prueba crea tres perfiles: carga, aprobación y lectura. Cada perfil intenta subir, aprobar, reemplazar, borrar y descargar. El tercer riesgo es el acuse fuera del respaldo. La señal llega cuando la base restaura el trámite y falta la constancia. La prueba mínima restaura base y bucket en una carpeta nueva, abre tres acuses y verifica entidad, fecha y trámite. El cuarto riesgo es el cronograma progresivo. La señal aparece cuando un trámite aún convive con canal anterior y el equipo lo fuerza al sistema nuevo. La prueba consulta el instructivo vigente, marca canal por tipo de trámite y revisa esa marca antes de cada presentación. La lectura jurídica queda en manos del profesional responsable. El sistema local debe llegar al expediente con una respuesta simple: documento, usuario, fecha, acuse y respaldo se pueden abrir.
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